PROYECTO DE LEY DEL MINISTERIO DE JUSTICIA BUSCA POTENCIAR LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS PARA OPTIMIZAR FORMACIÓN DE FUTUROS ABOGADOS

Ampliación del catálogo y la cobertura de servicios, aumento del número de semestres para los estudiantes, y revisión del listado de competencias en cuanto a representación, son algunas de las variantes que contempla el proyecto de ley del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los consultorios jurídicos.
 

Dicha iniciativa legal, que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, busca delimitar las funciones de esos centros y establecer las condiciones de los practicantes. Esto, con el propósito arrojar claridad de hasta dónde se puede brindar asesoría y a qué tipo de usuarios puede asesorarse.

Así, los consultorios jurídicos pasan a ser concebidos como escenarios de aprendizaje práctico de las instituciones de educación superior, donde los estudiantes de Derecho adquieren conocimientos y desarrollan competencias, habilidades y valores éticos para el ejercicio de la abogacía.

Estas son algunas de las variantes previstas en el proyecto de ley:

• Se amplía el catálogo y la cobertura de servicios, cuya prestación se reconoce a cargo de los consultorios jurídicos, incluidos la pedagogía en derechos y el litigio estratégico.

• Se amplía el número de semestres en los cuales los estudiantes podrán prestar estos servicios a través de los consultorios.

• Se revisa el listado de competencias en materia de representación de usuarios que se ejercen a través de los consultorios jurídicos, armonizándolas con las normas vigentes y los asuntos prioritarios en materia de acceso a la justicia.

• Se da voz a los usuarios de los consultorios, haciendo obligatoria la creación de mecanismos mediante los cuales éstos puedan formular inquietudes, quejas o reclamos.

Otros proyectos radicados 

Así mismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho radicó el proyecto de ley por medio del cual se modifica el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012).

La iniciativa legal busca celeridad en la etapa prearbitral, claridad en las reglas probatorias, transparencia en la designación de árbitros, impulso al arbitraje internacional a través de garantías de seguridad jurídica y calidad del servicio y el desarrollo del arbitraje social con el fin de ampliar su cobertura territorial y poblacional.

Esta propuesta normativa es fruto de la tarea mancomunada del Ministerio de Justicia y 36 expertos del más alto nivel en la materia, quienes trabajaron ad honorem en la revisión y construcción técnica del que ha sido un proyecto de ley consensuado.

Finalmente, tercera y última iniciativa presentada por la cartera de Justicia a  consideración del Congreso, es la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Ese proyecto de ley tiene por finalidad fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado, agilizar el trámite de los procesos contenciosos para facilitar la labor de los jueces y tribunales administrativos, y otorgar mayor seguridad jurídica en las decisiones judiciales para incrementar la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Con información del Ministerio de Justicia y del Derecho